Desde que se iniciara la crisis en nuestro país, se han producido multitud de despidos y recortes en todo tipo de sectores y, en este sentido, la Administración Pública no iba a ser menos. Así pues, con los datos que se barajaron en enero de 2016 por el Registro Central de Personal, se calculó que desde enero de 2010 la administración española había despedido a más de 150.000 trabajadores, es decir, España había perdido 78 empleados públicos al día desde 2010 (por ejemplo, si hablamos de las comunidades autónomas fueron despedidos más de 63.000 trabajadores).
Por tanto, es un hecho o una realidad que el problema de la gran mayoría de las Administraciones es que se encuentran bajo mínimos y muy saturadas de trabajo ya que, no podemos obviar que, llevan años sufriendo evidentes carencias de medios profesionales, económicos y técnicos.
Sin embargo, somos conscientes que a pesar de todas las “inclemencias del tiempo” que corren y de los “obstáculos” que se encuentran en el camino, nos consta que dicho personal está realizando un gran esfuerzo dentro de sus posibilidades y diría incluso que una “labor titánica”, a pesar de todos los inconvenientes de que disponen para conseguir realizar su trabajo y el cumplimiento de la legislación vigente.
Desde ADINE estamos formalizando denuncias dirigidas a erradicar el fraude existente y concretado en la existencia de importadores de neumáticos (productores) que no se encuentran adheridos a ningún sistema integrado de gestión, y por ende, no cumplen la obligación legal establecida de garantizar la gestión de neumáticos fuera de uso en la misma cantidad de neumáticos de reposición que introducen en España vía importación. Este hecho se denuncia a las distintas consejerías de Medioambiente de nuestro país, y pese a las actuales circunstancias, los funcionarios están efectuando las pertinentes labores de investigación y tramitación de expedientes sancionadores.
Es evidente que nuestra labor es no quedarnos de brazos cruzados y seguir denunciando aquellas prácticas ilícitas que se produzcan, aunque sepamos que en algunas ocasiones sea un proceso lento. De ahí que, en mi opinión, sea fundamental el diálogo permanente con los técnicos y representantes de las distintas administraciones, hacerles entender la magnitud del problema y llevar a cabo un seguimiento constante de las actuaciones. Hay que tenderles la mano, colaborar en todo lo que sea necesario y, en la medida de lo posible, facilitarles el trabajo. Solo así se conseguirán resultados positivos. Sirva a modo de ejemplo las Jornadas contra el fraude que estamos llevando a cabo conjuntamente con SIGNUS y TNU en las distintas CC.AA. cuyo objetivo primordial es ayudar a los técnicos a detectar y perseguir más fácilmente el fraude y disponer de mayores herramientas para agudizar y profundizar su labor de inspección.
En definitiva, sería necesario que las Autonomías pudieran tomar más cartas en el asunto. Sería necesario que existiera una mayor coordinación entre las Administraciones Medioambientales y tributarias a nivel estatal. Sería necesario que adoptasen las medidas necesarias para frenar de manera urgente estas irregularidades, que impusieran sanciones ejemplares y se involucren de manera directa para normalizar esta situación, ya que son éstas y solo éstas, las que tienen encomendadas las funciones inspectoras y sancionadoras, si bien es cierto que, en muchos casos como ya he dicho, se encuentran limitadas, pero “siempre sale el sol”.
